"Hemos sido un ejemplo de excesiva libertad"

AP "No estoy de acuerdo en que haya restricciones a los periodistas, pero sí hay elementos que indican que hay una cierta impunidad, por no aplicar las leyes vigentes, como la Constitución y el Código Penal".

Sandra Lafuente P.
Caracas, Venezuela

Rosario Pacheco, diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela -el partido de gobierno-, se sentó por primera vez en 2006 en los curules que otrora veía desde su ejercicio como reportera de la fuente política, a lo que dedicó durante años en varios diarios venezolanos.

Hoy es miembro de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social y conversa con Terra Magazine sobre la libertad de expresión en Venezuela, el reciente cierre de 32 estaciones de radio y dos televisoras regionales y la propuesta de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, de una Ley contra Delitos Mediáticos en la que se proponían penas de hasta cuatro años de cárcel por la divulgación de contenidos que fueran considerados falsos o que atentaran "contra la paz social, la seguridad de la nación, el orden público, la estabilidad del Estado, la salud mental o moral pública" y que generaran "sensación de inseguridad e impunidad".

La propuesta, que produjo protestas públicas, quedó en paréntesis esta semana, aunque se había anunciado que comenzaría su discusión en la comisión de la que es miembro Pacheco.

¿Qué interpreta usted de la propuesta de la fiscal general de que se debe regular la libertad de expresión en Venezuela?

Entiendo que la fiscal tiene una preocupación por algo que nos preocupa a todos, que es ese desbordamiento de algunas personas, no diría los periodistas, sino personas vinculadas a la oposición. Si bien no estoy en absoluto de acuerdo en que haya restricciones a los periodistas, sí hay elementos que indican que hay una cierta impunidad, de pronto por no aplicar leyes vigentes, como la Constitución y el Código Penal. Pienso que (una ley) debe orientarse principalmente a la propiedad de los medios de comunicación social. Hay estudios que indican el peligro que existe para la democracia en la alta concentración de los medios en manos de pocos, y si esos pocos están vinculados al poder político y económico, peor todavía. Hacia eso es a donde debemos apuntar. La opinión no debe convertirse en un delito, no podemos criminalizar la opinión. Nosotros, que siempre hemos sido un ejemplo al mundo de excesiva libertad, siempre preferiremos que sea así.

¿Cómo recibieron en la comisión esa propuesta?

Hicimos un análisis muy exhaustivo, muy fructífero, entendiendo la preocupación de la fiscal y que hay una realidad.

¿Está realmente engavetado ese proyecto o se va a plantear una ley distinta?

Si te refieres a un papel de trabajo que circuló de 17 artículos, desconocemos completamente ese papel e incluso la fiscal no lo reconoce. Fue algo bien elaborado en los laboratorios de la oposición.

Había varios borradores.

Nosotros lo que asumimos fue la propuesta de la fiscal y su argumentación fue muy sólida. En cualquier caso cualquier instrumento que se elabore a futuro nunca tendrá una orientación regresiva en materia de libertades públicas.

En el resto del mundo se están despenalizando los llamados delitos de opinión o de desacato.

Exactamente, y nosotros tenemos que ir hacia eso, a la despenalización de las normas de desacato.

¿Se engaveto realmente esa propuesta?

No creo en el término 'engavetar', porque se ha asumido como si la propuesta fueran esos 17 artículos. Creo que se enfrió el debate porque hubo un elemento exógeno que perturbó lo que pudiera ser un debate serio sobre la materia: esos 17 artículos que circularon para desvirtuar el verdadero sentido de la propuesta de la fiscal. Cualquier norma que se vaya a elaborar tiene que ir con el consenso de todos los actores.

¿En la comisión no hubo consenso?

Nunca, desde el primer momento no hubo consenso.

¿Hay otras leyes en camino sobre la comunicación y la información?

Sí, la ley para la comunicación popular y alternativa, para darle piso jurídico a este movimiento, para que se articule con las políticas comunicaciones del Estado, como movimiento genuino de las comunidades, no burocatrizarlo. Tiene que ver con la definición de los medios comunitarios. Si esta ley no entra ahora, puede entrar el año que viene. Aspiramos que antes de terminar este periodo legislativo (en 2010) podamos aprobarla. Hemos subestimado mucho el poder la comunicación popular.

¿La reforma de la ley del Ejercicio del Periodismo?

No está planteada en ese periodo, pero sí el debate. Seguiremos abriendo los espacios para debatir entre periodistas de medios públicos y privados.

¿Alguna que regule la propiedad de los medios?

Estamos analizando la ley de propiedad social y creo que podríamos partir de allí, que los medios pudieran en vez de ser otorgados a grupos empresariales o privados, se le dé prioridad a la propiedad social, toda vez que es para la explotación del espectro radioeléctrico, que es un bien público, y por la función que tienen, que es la comunicación social.

¿Eso se traduciría en expropiar algún medio de comunicación existente?

No, eso significa los que vengan. Esa ley no es retroactiva sino que los medios nuevos puedan ser adjudicados bajo esa modalidad.

¿Cuál es, en su opinión, la situación actual de la libertad de expresión en Venezuela?

Considero que en este momento hay pleno ejercicio de la libertad de expresión y garantía del ejercicio de todas las libertades públicas. Esa es una bandera que ha enarbolado la revolución y para nosotros sigue siendo una de sus fortalezas. A pesar de toda la matriz de opinión nacional e internacional de que aquí existe una dictadura, aquí no hay periodistas presos, no hay personas presas por sus opiniones, no hay ninguna situación, afortunadamente y aspiramos que siga siendo así, que exprese un atentado contra la libertad de expresión. No ha habido cierres de medios de comunicación social.

¿Lo de las radios no es un cierre?

Se está poniendo a derecho la situación jurídica de 34 emisoras de un conjunto de miles de emisoras que hay en todo el país. Tanto lo que pasó con Radio Caracas TV (en 2007), que culminó una concesión y el Estado estaba en su derecho de decidir si se la daba o no, como lo que pasa con esas 34 emisoras, fueron un hecho administrativo y estrictamente apegado a la ley.

Ellos alegan que entregaron esa documentación a Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) y Conatel no respondió.

¿Pero qué tipo de documentación? Las concesiones son intransferibles, no son hereditarias, y cualquier documentación debes presentarla ante el ente emisor. La documentación que presentaron estas 34 emisoras no era la que se correspondía con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. El punto central de por qué los medios han desvirtuado sus funciones como mediadores entre la sociedad y los poderes constituidos es porque no están en manos de profesionales de la comunicación social. Los profesionales siguen siendo de la clase trabajadora pero sin una incidencia en la conducción de los medios y de allí deriva el hecho de que no haya una responsabilidad social en el manejo de la comunicación. Los medios no los puedes tratar como una bodega y así ha sido el criterio. En primer lugar fueron cedidos las concesiones y los créditos para la prensa escrita de provincia con criterio político, del contubernio que había con las cámaras de empresarios.

¿Hay garantías de que estas nuevas concesiones se entreguen realmente a profesionales de la comunicación?

Aspiramos a que esas 34 frecuencias sean otorgadas con criterio de quienes hagan uso responsables de los medios: comunidades organizadas, asociaciones de profesionales, empresas de producción social que tengan dentro de sus miembros a profesionales de la comunicación o a personas que se hayan dedicado al trabajo de los medios de una manera responsable. Jamás estaremos de acuerdo con que existan medios gobierneros, eso sería un contrasentido cuando nosotros estamos aupando que exista un ejercicio contralor de los medios de comunicación social. Pero era predecible para una plataforma mediática como la de Venezuela, formada con intereses grupales, económicos y políticos de dominación, entrar en contradicción con un proceso de transformación que también busca la democratización de los medios.

Cuando hace unos años Andrés Izarra (actual presidente de Telesur), entonces ministro de Comunicación e Información, habló de (la búsqueda de) una hegemonía comunicacional, ¿puede usted pensar en medios de servicio público y democráticos?

Claro, la hegemonía comunicacional no tiene que ver con el control desde el gobierno sino la participación de las comunidades organizadas¿

¿Pero la hegemonía no le da la idea de control absoluto?

No ha sido analizada en su verdadero contexto. Se refería al verdadero libre flujo de la información, y tiene moral con esa televisora que fundó y que dirige y que para nosotros es un ejemplo de romper el cerco mediático que nos han impuesto las grandes transnacionales de la comunicación. Lo que quiso decir fue eso: la hegemonía de la información por parte de quienes somos sujetos y objetos. Aquí se ha querido secuestrar el concepto de la libertad de expresión e información como si fuera exclusiva de un gremio. El pueblo ha demostrado suficiente madurez de cómo concibe ahora el hecho comunicacional. He visto cómo el pueblo ante la censura mediática que ha pretendido imponerles prototipos y gobiernos, ha roto con esos esquemas y ha estructurado con sus propios códigos sus propios medios de comunicación social: radio bemba, perifoneo, la radio desde una bodega El pueblo ha aprendido a comunicarse y a ser crítico con los medios de comunicación.

¿No había otros pasos que agotar o instancias que agotar antes de cerrar estas 34 estaciones?

Tengo información de los abogados de quienes fueron directivos de estas emisoras que ellos pueden apelar estas decisiones.

¿Estos cierres no son definitivos?

Aun cuando hay una medida administrativa de Conatel, hay instancias, el Tribunal Supremo de Justicia, donde ellos pueden apelar. Evaluarán ellos si de verdad tienen con qué apelar. Los argumentos esgrimidos por el ministro (Diosdado Cabello) y los que están en la Ley de Telecomunicaciones son incontrovertibles y esa es una razón de peso que los lleva a hacer un show mediático. Si ellos tuvieran la razón, y pudieran demostrar que sí tienen la concesión, pudieran apelar a un organismo como el TSJ. Se ha demostrado que en los últimos diez años esos circuitos crecieron, pero de manera irregular. Afortunadamente ya se comenzó a revisar esa situación.

Hay emisoras cerradas que sólo se dedicaban al entretenimiento.

Sí, como Radio Porlamar, que tenía una información más o menos equilibrada, o sea que aquí no hay un sesgo político en la decisión, sino un hecho administrativo que busca sincerar la situación de estas emisoras. Además el gobierno está anunciando cómo va a aupar la televisión digital, la radio digital, o sea que aquí va a haber oportunidades para todos, pero dentro del marco de la ley. Ese anuncio que ha hecho el presidente, sobre el cual están trabajando ya, da una demostración de la voluntad política de que sigan creciendo los medios y surgiendo otros. En estos diez años ha habido un crecimiento de los medios radioeléctricos e impresos.

¿Opositores en su posición política podrán tener nuevas concesiones si tienen todo en regla?

Tenemos que aupar que haya medios independientes. Así como Telesur mostraba la posición de Zelaya y la visión de los golpistas, así tienen que ser todos los medios. Incluso los alternativos. Creo que se ha desvirtuado el papel de algunos medios alternativos, aunque la gran mayoría cumple con su función. Todo debe revisarse para garantizar el pluralismo. Ahora, no puedes exigirle tú a los medios del Estado que sean independientes, cuando hay una desproporción en la cantidad de medios que tiene la oposición. No les puedes exigir un equilibrio, eso quisiéramos todos, pero cuando todo esté en equilibrio.

¿No se puede empezar a buscar el equilibrio por dar más acceso (a los reporteros) a la información pública?

Aquí ha habido un desbordamiento y un desquiciamiento y eso debe ser una reflexión más para el gremio de periodistas. Aspiramos que vuelva el equilibrio, que retornen los medios a su papel fundamental de denunciar y de acompañar a un pueblo. Hay medios que han estigmatizado e invisibilizado a nuestro pueblo y eso es violación de derechos humanos. La mayoría de los medios privados han cartelizado la información, dirigida en función de sus objetivos políticos y económicos, y de eso también ha sido víctimas los periodistas. Queremos hacer un trabajo de abrir un espacio de discusión. La solución tiene que partir del gremio, de los propios periodistas, de su conciencia, en la defensa de la libertad de expresión, de la verdad y del equilibrio informativo.