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The New York Times
Noam Chomsky
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Noam Chomsky
De The New York Times
Un debate está en marcha en las Naciones Unidas sobre una política que puede parecer incontestable: una estructura internacional para evitar crímenes graves contra la humanidad.
La estructura se llama "responsabilidad para proteger", o R2P, en el lenguaje de la ONU. Una versión limitada de la R2P, adoptada en la Cumbre Mundial de la ONU en 2005, reafirmó derechos y responsabilidades que fueron aceptados por los estados miembros en el pasado y, algunas veces, fueron implementados por ellos.
Sin embargo, las discusiones sobre la R2P o su prima, la "intervención humanitaria", son interrumpidas regularmente por cierto rabo de paja: la historia, hasta el presente.
A lo largo de la historia, pocos principios de relaciones internacionales se aplican de forma general. Uno es la máxima de Tucídides, que los fuertes hacen lo que quieren mientras los débiles sufren lo que deben.
Otro principio es que prácticamente cada uso de la fuerza con relaciones internacionales fue acompañado por una retórica imponente sobre la responsabilidad solemne de proteger a las poblaciones que sufren, y las justificaciones factuales para esto.
Evidentemente, los poderosos prefieren olvidar la historia y esperar. Para los débiles, esta no es una elección sabia.
La cola de paja apareció en la primera discusión considerada por la Corte Internacional de Justicia hace 60 años, el caso del Canal de Corfú sobre un incidente que involucraba a Gran Bretaña y Albania.
La corte determinó que "sólo puede considerar el supuesto derecho de intervención como la manifestación de una política de fuerza, tal como, en el pasado, dio origen a la mayoría de los abusos graves y como tal no puede, independiente de las fallas en la organización internacional, encontrar un lugar en el derecho internacional; por la naturaleza de las cosas, (intervención) esto estaría reservado para los estados más poderosos y puede fácilmente llevar a la distorsión de la administración de la propia justicia".
La misma perspectiva permeó el primer encuentro de la Cumbre del Sur de 133 estados en el año 2000. Su declaración, ciertamente con el bombardeo de Serbia en mente, rechazó "el así llamado 'derecho' de intervención humanitaria, que no tiene base legal en la Carta de las Naciones Unidas o en los principios generales del derecho internacional".
El texto reafirma la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Relaciones Amigables (1970). Ha sido repetido desde entonces, entre otros, por el Encuentro Ministerial del movimiento No Alineado, en Malasia, en 2006, nuevamente representando a las víctimas tradicionales en Asia, África, América Latina y en el mundo árabe.
El Panel de Alto Nivel de la ONU obtuvo la misma conclusión en 2004 para Amenazas, Desafíos y Cambios. El panel concluyó que, en la Carta de la ONU, "el Artículo 51 no necesita extensión, ni restricción de su ámbito ya que hace mucho está entendido".
El panel añadió, "Para aquellos impacientes con tal reacción, la respuesta debe ser que, en un mundo lleno de amenazas en potencial, el riesgo para el orden global y la norma de no intervención, sobre la cual sigue basándose, es simplemente demasiado grande para que la legalidad de la acción preventiva unilateral sea aceptada, como opuesta a una acción sancionada colectivamente. Permitir que alguien actúe de esta forma es permitírselo a todos", que, lógico, es impensable.
La misma posición estándar fue adoptada por la Cumbre Mundial de la ONU en 2005. La Cumbre también declaró la disposición de "actuar colectivamente a través del Consejo de Seguridad, de acuerdo con la Carta, en el caso de que los medios pacíficos sean inadecuados y las autoridades nacionales estén obviamente fallando en proteger a sus poblaciones" de crímenes graves.
Como máximo, la frase enfatiza el texto del Artículo 42 sobre autorizar el Consejo de Seguridad a usar la fuerza. Y la frase mantiene el rabo de paja, si podemos considerar al Consejo de Seguridad como un juez neutro, que no está sometido a la máxima de Tucídides.
Esta hipótesis, sin embargo, no tiene defensa.
El Consejo es controlado por sus cinco miembros permanentes, y ellos no son iguales en autoridad operacional. Un indicativo es el récord de vetos, la forma más extrema de violación de una Resolución del Consejo de Seguridad.
Durante los últimos 25 años, China y Francia juntas vetaron 7 resoluciones; Rusia, 6; Reino Unido, 10; y los Estados Unidos, 45, incluyendo resoluciones que querían que los estados observaran el derecho internacional.
Una forma de mitigar este efecto en el consenso de la Cumbre Mundial sería eliminar el veto, de acuerdo con el deseo de la mayoría de la población de los Estados Unidos. Pero esas herejías son impensables, tanto como aplicar la R2P ahora mismo a los que necesitan desesperadamente protección, pero no están en la lista de protegidos de los poderosos.
Hay desvíos de la restricción del Canal de Corfú y de sus descendientes. El Acto Constitutivo de la Unión Africana afirma "El derecho de la Unión de intervenir en un Estado Miembro {reticencias} con relación a las circunstancias graves". Esto difiere de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que impide la intervención "por el motivo que sea, en los asuntos internos o externos de otro estado cualquiera".
La razón para la diferencia está clara. La Carta de la OEA intenta disuadir la intervención de parte de los Estados Unidos, pero desde la desaparición de los estados con régimen de apartheid, la UA no enfrenta un problema parecido.
Conozco sólo una propuesta de alto nivel para extender la R2P más allá del consenso de la cumbre y de la extensión de la UA: el Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía Estatal sobre la Responsabilidad de Proteger (2001).
La comisión examina la situación en la que "el Consejo de Seguridad rechaza una propuesta o falla después de analizarla por un tiempo razonable". En este caso, el informe autoriza la "acción dentro del área de jurisdicción por organizaciones regionales o subregionales sometidas a pedir autorización subsecuente al Consejo de Seguridad".
En este punto, el rabo de paja es evidente. Los poderosos determinan de forma unilateral su propia "área de jurisdicción". La OEA y la UA no pueden hacer eso, pero la OTAN puede, y lo hace.
La OTAN determinó que su "área de jurisdicción" se extiende hasta los Balcanes, Afganistán y más allá de ellos.
Los derechos expansivos acordados por la comisión Internacional están, en la práctica, restringidos sólo a la OTAN, en violación a los principios del Canal de Corfú y abriendo la puerta para la R2P como un arma de intervención imperial libre.
La "responsabilidad de proteger" siempre fue selectiva. De esa forma, no se aplicó a las sanciones contra Irak impuestas por los Estados Unidos y por Reino Unido y administradas por el Consejo de Seguridad, condenadas como "genocidas" por los ilustres diplomáticos responsables, que renunciaron en protesto.
Tampoco hay intención hoy de aplicar la R2P al pueblo de Gaza, una "población protegida" bajo la responsabilidad de las Naciones Unidas.
Y nada serio se dice sobre la peor catástrofe en África, si no en el mundo: el conflicto sanguinario en el Este del Congo. Allá, como BBC acabó de relatar, las transnacionales son acusadas, una vez más, de violar una resolución de la ONU contra el comercio ilícito de minerales preciosos, financiando la violencia.
Ni la R2P es convocada para responder al hambre generalizado en los países pobres.
Hace muchos años, la UNICEF relató que 16.000 niños mueren cada día por falta de comida, y muchos más por enfermedades fácilmente evitables. Los números son más altos ahora. Sólo en el Sur de África, el nivel de muertes por asesinatos como en Ruanda, no es por 100 días, sino por día. Una acción bajo la R2P sería bastante fácil, si existiera a disposición.
En estos y en muchos casos más la selectividad está de acuerdo con la máxima de Tucídides y con las expectativas de la CIJ Hace 60 años.
Pero las máximas que orientan, en gran parte, las relaciones internacionales no son inmutables y, de hecho, se tornarían menos hostiles a lo largo de los años como resultado del efecto civilizador de los movimientos populares.
Para tal reforma progresiva, la R2P puede ser una herramienta valiosa, tanto como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Aunque ciertos estados no respeten la Declaración Universal, y algunos rechacen formalmente gran parte de ella (incluyendo, crucialmente, el estado más poderoso del mundo), a pesar de todo, sirve como un ideal al que activistas pueden recorrer en esfuerzos educacionales y organizacionales, generalmente de forma efectiva.
La discusión de la R2P puede ser parecida. Con el compromiso suficiente, infelizmente, que todavía no se detecta entre los poderosos, ella podría ser, de hecho, significativa.
Terra Magazine