La Corte Suprema de Justicia de Colombia derogó una orden de arresto contra el presidente.

El recurso de amparo le había sido otorgado a 148 empleados de la rama judicial y por cuyo presunto desacato se había dictado una orden de arresto contra el presidente Álvaro Uribe, dos de sus ministros y otros altos funcionarios.

Al revisar la decisión de primera instancia, la Suprema consideró que el amparo no procedía en este caso y, por consiguiente, dejó sin efecto la orden de arresto.

La decisión original contra Álvaro Uribe tiene que ver con la orden que le dio un juez a finales de febrero pasado para nivelar el salario a 148 empleados de la rama judicial.

El arresto también había sido ordenado contra los ministros de Interior y Hacienda, la jefe de Planeación Nacional y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura.

La última palabra sobre el supuesto desacato del fallo del recurso de amparo, emitido a finales de febrero pasado, la tenía la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, conformada por siete magistrados.

Esos magistrados, le dijo a BBC Mundo Germán Gómez, jefe de prensa de la Corte Suprema, también tenían que decidir si realmente hay lugar para la acción favor de los 148 empleados de la rama judicial del departamento de Sucre que hicieron la solicitud de nivelación salarial.

El arresto de Uribe fue ordenado por tres conjueces del Tribunal Superior de la ciudad de Sincelejo, en la Costa Caribe, quienes consideraron que el gobierno no cumplió con lo ordenado por el fallo del recurso de amparo.

Respetuoso

En su momento, el presidente Uribe se declaró respetuoso con el fallo y dijo que su gobierno ha incrementado en un 90% el presupuesto de la rama judicial desde el año 2002 y subrayó que se han cumplido las órdenes de nivelación salarial.

"A pesar de las limitaciones fiscales, hemos hecho un esfuerzo enorme", declaró Uribe.

La orden de arresto causó gran controversia en medio de las tensiones entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia por los procesos que investigan nexos entre dirigentes políticos y paramilitares de derecha, así como por un proyecto de reforma judicial llevado al Congreso.

Mientras el viceministro de Justicia, Gilberto Orozco, calificó la orden de arresto como "extravagante" y dijo que es un "desafuero", expertos consultados por BBC Mundo dijeron que, a pesar de no tener antecedentes, "no es descabellada".

El ex senador Darío Martínez le dijo a BBC Mundo que "cualquier juez de la República puede ordenar el arresto de cualquier funcionario, incluido el presidente de la República, por desacato a una acción de tutela (amparo)".

"Aunque no conozco los detalles del caso, a mí no me parece que la orden de arresto sea necesariamente un desafuero", señaló Martínez, un abogado que hizo parte de las comisiones de asuntos legales y constitucionales del Congreso.

Pero el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, del opositor Partido Liberal, le señaló a BBC Mundo que él no está de acuerdo con que cualquier juez pueda ordenar el arresto del Presidente de la República.

En Colombia el Presidente de la República es procesado y juzgado por el Congreso de la República.

Desde que fue consagrada en Colombia la acción de tutela (recurso de amparo) en 1991, ningún juez había ordenado el arresto de ningún Presidente por desacato, aunque sí de otros altos funcionarios, incluidos Gobernadores y Alcaldes.